Quiero reproducir la magnífica intervención del portavoz socialista en el debate de la moción de IC referida a la propiedad intelectual:
"Hay una primera valoración que desde el Grupo Socialista nos gustaría hacer.
Evidentemente con ella no expresamos otra cosa que nuestro particular juicio, que puede no coincidir con la opinión de los grupos firmantes de la transacción. Pero creemos que no forzamos la realidad de las cosas si decimos que esta moción supone, cuando menos, un reconocimiento implícito de un esfuerzo legislativo orientado a poner un cierto orden en un ámbito tan complejo como es el de la propiedad intelectual, seguramente uno de los más complicados de afrontar hoy en día por el cambiante entorno tecnológico en el que se plantea.
Nos hubiese gustado poder llegar a un acuerdo, pero desde su redacción original la moción presentaba diversos problemas de competencias que en su posterior discusión no se han resuelto satisfactoriamente.
Así, por ejemplo ya existen unos grupos de trabajo constituidos al amparo del Real Decreto 1228/2005, de 13 de octubre, por el que se crea la Comisión Intersectorial para luchar contra las Actividades Vulneradoras de la Propiedad Intelectual, grupos de trabajo que ya integran a los distintos sectores afectados.
Por otro lado desde 1995 han sido aprobados 10 Reales Decretos de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a las Comunidades Autónomas en materia de ejecución de la legislación sobre propiedad intelectual.
En todo caso queremos felicitarnos por haber evitado caer en lo que en otros momentos en los que se han discutido cosas parecidas ha sido una sobredramatización que en nada contribuye a debatir con el necesario sosiego un tema tan complejo, que exige cualquier cosa menos simplificaciones.
No sé si sus Señorías han tenido ocasión de consultar el reciente Informe anual sobre el desarrollo de la sociedad de la información en España, conocido simplificadamente como eEspaña 2008, editado por la Fundación Orange? Según este informe España avanza tres posiciones (hasta el puesto 17) siendo el segundo país que más crece dentro de los 28 países europeos de referencia.
Traigo esto a colación porque en otras ocasiones, en el fragor del debate, se ha llegado a decir, con alguna insistencia e incluso en esta misma sede parlamentaria, que la compensación por copia privada “retrasa la incorporación de España a la plena sociedad de la información”. ¡Por favor! ¿De verdad alguien cree que un incremento de 17 céntimos de euro en un CD-R supone un obstáculo para el desarrollo del complejo sistema de I+D+i de nuestro país? Un incremento, por cierto, que debe ser matizado, ya que muchos de los equipos o soportes que ya pagaban canon desde 1992 han visto ahora como sus tarifas se mantienen o incluso se reducen, entre un 20 y un 45%.
Las cosas son seguramente más sencillas en su planteamiento, aunque efectivamente su resolución sea cualquier cosa menos simple. De lo que se trata es de conciliar los derechos y los intereses de creadores y consumidores de productos intelectuales y culturales en un nuevo y cambiante entorno tecnológico. Todos estamos de acuerdo en esto. El problema es cómo hacerlo de la mejor manera posible. Este es el debate al que estamos obligados.
Las creaciones intelectuales o culturales son bienes de una naturaleza muy especial. Por sus características, son susceptibles de ser objeto de consumo simultáneo o no rival por varias personas en igualdad de condiciones, sin que los titulares de estos bienes puedan excluir de su uso a terceros. La facilidad cada día mayor con la que las más diversas creaciones intelectuales pueden ser copiadas, exacerbada por el progreso tecnológico y la digitalización, convierte a muchos productos culturales en bienes que presentan atributos análogos a los bienes públicos perfectos. Pero no lo son. No son bienes públicos. Son bienes que tienen propietarios, sus creadores.
El problema es que por parecer bienes públicos o, mejor, por poder ser tratados como tales en la práctica, los creadores se encuentran muchas veces en permanente riesgo de expropiación del valor creado por el uso de terceros: lo que se conoce como free riding o, en castellano llano y ancho, gorroneo. Dicho sea esto con todos los respetos, pues no hago otra cosa que utilizar las denominaciones al uso en los estudios académicos sobre el problema de la acción colectiva.
Miren, acaban de publicarse las conclusiones del estudio GEMO (Global Entertainment and Media Outlook) que desde hace 9 años viene elaborando PriceWaterHouseCooper. Según estas conclusiones, la previsión de crecimiento del mercado de entretenimiento en España es positiva en todos los casos (televisión de pago, casinos, Internet, videojuegos, etc.) excepto en dos áreas: la industria cinematográfica, que desciende un 1.1%, y la industria discográfica, que disminuye en un 4.4%.
Tenemos un problema. Todos. Que nadie se engañe, no es un problema del Gobierno ni del Grupo Socialista. Tampoco es sólo un problema de los creadores de bienes culturales o de las entidades que, en el marco de ley, gestionan sus intereses. Es un problema de todos. Y a todos deberían preocuparnos datos como esos.
La Directiva Europea cuya transposición supuso la adaptación de la compensación equitativa al nuevo entorno digital –adaptación y no introducción, pues esta compensación ya existía en España desde 1984- la Directiva, digo, no permite eliminar la compensación económica a los titulares sin eliminar, como consecuencia de ello, el beneficio de los usuarios a realizar copias privadas. No cabe, pues, propuesta de reforma que no vaya acompañada de una alternativa viable al sistema actual. ¿La tienen ustedes?
En el fondo de todo este enconado debate se ha sostenido con una cierta ligereza la existencia de alternativas relacionadas con el desarrollo el desarrollo de distintos mecanismos tecnológicos de protección, restricción y control del uso y el acceso (conocidos como Digital Rights Management, Digital Restrictions Management o DRMs y Technical Protection Measures o TPMs). Estas tecnologías existen desde los años ochenta con el propósito de controlar las copias y se encuentran muy desarrolladas en la aplicación a los programas de ordenador. El problema, más allá de su eficacia real, discutida por muchos, es el recurso a las mismas puede limitar la posibilidad de que el usuario efectúe copias privadas de contenidos legítimamente adquiridos. La utilización de estos mecanismos puede impedir la realización de copias o limitar el número de copias que pueden efectuar los usuarios; puede también limitar la utilización de los contenidos fuera de determinados dispositivos o programas.
¿Tal vez la alternativa sea combatir los intercambios de archivos peer-to-peer, mas conocidos como P2P? Si alguien lo cree así dígalo con claridad, y comprobará que las protestas de los usuarios van a multiplicar por mil las que puedan existir contra el sistema actual.
A pesar de no haber podido llegar a un acuerdo, desde el Grupo Socialista deseamos hacer una lectura positiva de mucho de lo que hoy se ha propuesto y discutido hoy aquí. Una Ley, modificada hace tan solo dos años sin ningún voto en contra, se muestra útil para ir respondiendo al permanente reto que supone para el legislador los procesos tecnológicos y culturales que, aunque dejarán sentir todo su impacto en los próximos años, ya ahora nos obligan a cambiar hábitos e ideas, aptitudes y actitudes.
Uno de los más lúcidos precursores de los análisis sobre esta nueva cultura emergente, Jean Baudrillard, desarrolló hace años el concepto de “simulacro” para pensar un nuevo mundo en el que lo real y lo virtual se van a interseccionar cada vez con más fuerza. El mundo de Internet es ya para muchas personas una parte fundamental de su mundo real, de su experiencia cotidiana.
Esta mañana hemos asistido a un simulacro de emergencia. Desde el Grupo Socialista esperamos que a pesar del desacuerdo lo que hoy se ha discutido pueda servir para sentar las bases de futuras actuaciones conjuntas. Que no sea un simulacro como el de esta mañana. Pues sólo desde el acuerdo básico podremos responder con garantías de éxito a uno retos que, como he dicho anteriormente, nos comprometen a todas y a todos. "
El texto aprobado, asumido en gran parte por el PSOE, pero que no ha sido finalmente asumido al negarse el resto de grupos a ser más flexibles en asuntos competenciales en las transferencias de gestión, ha impedido que nos sumaramos al acuerdo. En cualquier caso ha quedado claro que ningún grupo político tiene ninguna alternativa a la legislación actual.
O tenemos derecho a copia privada (entonces hay que pagar canon) o si no hay derecho a copia privada el perjuicio para nuestros jóvenes y la sociedad en general, es mucho peor.
La única alternativa que ha demostrado el PP (que ha aprobado todas las normativas, incluida la Directiva que fija el contexto) ha sido la demagogia. Nos tiene,siempre, muy acostumbrados.
