La Ley Integral contra la Violencia de Género va a cumplir cuatro años de vigencia. El compromiso adquirido por el Gobierno socialista con la ciudadanía, las instituciones, los distintos equipos profesionales y, en especial, con las víctimas de esta violencia, sigue vigente y más fuerte que nunca.
El desarrollo de la Ley cuenta con más fondos públicos y más medidas de prevención y de apoyo a las víctimas. Pero el éxito de leyes como ésta exige, además, un compromiso de toda la sociedad y de sus instituciones. El número de denuncias ha crecido espectacularmente, y este año se ha reducido el número de víctimas, pero mientras siga habiendo muertes y violencia contra las mujeres, tenemos que seguir combatiendo esta lacra con mayor eficacia.
En lo que va de año, la violencia de género se ha cobrado la vida de cinco mujeres en Castilla y León, que es la quinta Comunidad Autónoma con mayor número de víctimas. Los datos revelan que, por cada asesinato, hay 1.000 agresiones contra mujeres que, en muchos casos, deben abandonar su hogar por miedo a los maltratadores, que pierden su empleo, que ven rota su vida y su familia
Los socialistas respaldamos el papel del Presidente de la Junta ante la Unión Europea en la lucha contra esta lacra, y estamos dispuestos a colaborar con el Gobierno autonómico para dar respuestas eficaces a nuestra Comunidad. Y esas respuestas pasan, en primer lugar, por contar con una Ley regional contra la violencia de género, al igual que otras Comunidades; una ley que establezca los medios que demanda la sociedad de Castilla y León, tal como reclamamos en el Parlamento autonómico hace ya seis años.
Las víctimas de la violencia machista en nuestra Comunidad necesitan más Centros de emergencia. Actualmente, sólo hay tres: en Burgos, Ponferrada y Valladolid. Necesitan más casas de acogida: las 14 disponibles son claramente insuficientes a la vista de las 3.800 denuncias por malos tratos presentadas este año. Necesitan más pisos tutelados: sólo hay 1 en toda la Comunidad.
Hacen falta más oficinas de atención a las víctimas, completar los equipos de valoración forense, mejorar la formación de las personas que atienden a las víctimas y dar un impulso real al Observatorio Autonómico de la Violencia de Género y a la Comisión regional y las Comisiones territoriales creadas como cauce de seguimiento y participación social en la actuación de la Junta.
Estas medidas deben tener el respaldo presupuestario adecuado. Sin embargo, el presupuesto de la Junta para la lucha contra la violencia de género en 2009 se reduce un 18% con respecto a este año y, en concreto, una partida tan importante como las subvenciones a empresas para contratar a mujeres víctimas de la violencia machista sufre un recorte del 68%.
Nuestra colaboración con la Junta de Castilla y León y con el Partido Popular ha hecho posible alcanzar un acuerdo tan positivo como es la personación de la Junta como acusación particular en casos de violencia de género, a petición de las víctimas o de sus familias. Esa colaboración debe extenderse a la aplicación de políticas más eficaces en nuestra Comunidad a través de una mayor cooperación entre todas las Administraciones públicas y organizaciones ciudadanas con un objetivo común:
Dar más apoyo a las víctimas, prevenir las agresiones, ofrecer más seguridad a las mujeres y garantizar que los maltratadotes sean juzgados y condenados con el fin de erradicar la violencia machista en Castilla y León.
Valladolid, 25 de noviembre de 2008
El gato y la ciudad
Hace 22 horas
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